El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha elaborado recientemente un informe con recomendaciones a España de cara a que pueda salir de la crisis, y a mejorar la situación del desempleo. Hay algunas recomendaciones razonables y asumibles, como es el hecho de que haya que rebajar las cotizaciones sociales de las empresas para que no actúen como elemento disuasorio para la contratación de trabajadores, pero luego hay otras que en mi opinión son más que discutibles, y no me refiero a que se suba el IVA, sino a que se “reestructuren favorablemente para las empresas “viables” las deudas que tienen con Hacienda y con la Seguridad Social”, lo cual en la práctica supone que se le condonen total o parcialmente las cantidades que tenían que haber pagado al erario público y que no han pagado.

España es un país de pymes y de empresas familiares. En algunas (puede que muchas) de estas empresas, el empresario detenta la mayoría del capital, y hace lo que cree conveniente para su propio peculio, imputando gastos personales y familiares como si fueran de la empresa, contratando a sus hijos y otros familiares con sueldos estupendos, colocando a amigos en la empresa por eso de ejercer una especie de mecenazgo de proximidad, y sentirse importante en las reuniones de su círculo de confianza; e incluso, contratando a su servicio doméstico en la empresa, para así poder considerarlo como gasto deducible.

Cuando las cosas no van bien, como es el caso, lo primero que hacen es alargar el plazo de pago a proveedores, y cuando se acaba esta opción (señal inequívoca de que la empresa va peor de lo que él cree, ya que indefectiblemente funcionan con criterio de caja –si hay dinero en la caja me lo gasto, lo que diga la contabilidad da lo mismo-), se limitan a pedir aplazamiento de pago a la Administración Tributaria y a la Seguridad Social, pero obviamente, siguen teniendo en plantilla a su grupo de familiares y amigos, y siguen cargando en la empresa todos los gastos personales que pueden.

El problema llega cuando ya ni siquiera se puede uno acoger a las demoras a proveedores, o a las de la Hacienda y la Seguridad Social, porque ya se han utilizado todas. En ese caso, dicen que tienen un “problema de liquidez”, cuando realmente el problema es que la empresa gasta más de lo que ingresa. Entonces clama por soluciones a su situación “sobrevenida”, y el FMI nos sugiere que si se demuestra que es viable la empresa, pues que le condonemos una parte de sus deudas con Hacienda y Seguridad Social para que “pueda continuar existiendo la empresa y así no se pierda más empleo”.

Parece razonable asumir que los técnicos del FMI puedan pertenecer a otros países con más tradición empresarial, y en los que se hizo la Revolución Industrial, y que por tanto, no entienden el “modelo español” (claramente de raíces fenicias), pero en cualquier caso, habría que decirles que el concepto “viable” es un concepto cualitativo y ambiguo, y que si se le pregunta a cualquiera de estos empresarios si su empresa es viable, responderá que sí, ya que en ello le va su patrimonio y su estilo de vida. Y si se le preguntase a un banco que está pillado con esta empresa, también respondería que sí, ya que de esta forma, con la reducción de deuda de Hacienda y Seguridad Social, el pasivo de la entidad será menor, y su situación como acreedor mejorará, dándole incluso tiempo a “salirse” de ese mal riesgo.

Por otro lado, y lo que es más importante, es preciso indicarle al FMI que las deudas que tiene la entidad con Hacienda y Seguridad Social son, además de sus impuestos y cotizaciones como empresa, las retenciones que ha realizado a los trabajadores en concepto de IRPF y de cotizaciones sociales a cargo del empleado, es decir, dinero que no es suyo, y que el empresario “en dificultades” ha utilizado como si fuera propio para seguir manteniendo su estatus de empresario y su elevado nivel de vida. Por supuesto que habrá excepciones, pero esta forma de actuar de las empresas familiares pequeñas y medianas no es algo atípico.

Por tanto, no podemos calificar como moralmente adecuado que en un país con la crisis que padecemos, con lo que están pasando los ciudadanos (27% en el umbral de la pobreza), con las dudosas expectativas que tenemos (a pesar del glorioso futuro que nos espera, a decir de nuestro Presidente del Gobierno), y con unos impuestos personales que rozan el concepto expropiatorio, se le perdonen sus deudas a los empresarios. Al menos, no con mis impuestos, que me cuesta mucho pagarlos.

Si hay que reflotar empresas viables, que lo hagan empresarios que estén al corriente de sus obligaciones con Hacienda y Seguridad Social. ¡Ya está bien de amnistías fiscales! Que el Estado ejecute a sus deudores, y les incaute las acciones y participaciones que dan el control de sus empresas, y después que las venda a empresarios serios y solventes, de esos que cumplen con el Estado (es decir, con todos nosotros), y no tienen las empresas como un mecanismo para que vivan estupendamente ellos y su círculo de amigos.