El pulso de Italia con Bruselas se intensifica y podríamos estar ante un momento clave y delicado con la presumible reacción que la Unión Europea podría y debería llevar a cabo.

Y es que el Gobierno de Italia ha confirmado ayer que no va a modificar sus presupuestos para el próximo año pese a las reiteradas advertencias de la Comisión Europea. Es un hecho “históricos”, ya que nunca antes Bruselas ha echado para atrás el plan presupuestario de un país de la eurozona desde que está vigente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Pero en esta ocasión el motivo es claro: las cuentas italianas presentan un riego grave de incumplimiento, ya que acumular más deuda pone en peligro la estabilidad de la eurozona y la divisa comunitaria sólo puede sobrevivir si cada país miembro cumple con sus obligaciones comunitarias.

Y no termina aquí la cosa, es que las previsiones apuntan a un crecimiento del 1% para el 2019 con lo que existe la posibilidad real de que la economía italiana entre en recesión. El PMI compuesto está en territorio de contracción económica (por debajo de 50) bajó a 49,3 en octubre, siendo la lectura más baja desde 2013. Mientras tanto, el PMI de servicios se redujo a 49.2 desde 53.3 en septiembre, la primera caída en la actividad comercial en más de dos años y el nivel más bajo desde septiembre de 2014. El crecimiento de la economía italiana se estancó en el tercer trimestre del año cuando el PIB creció un 0,2%, registrando así en el primer trimestre completo bajo el nuevo Gobierno de coalición de Liga y M5S su peor evolución económica desde el final de 2014.



Cuando un país decide entrar libremente a formar parte de la UE, no sólo adquiere una serie de derechos, sino también unas obligaciones. Dichas obligaciones lo que buscan es que todos rememos en la misma dirección. Lo que no se puede consentir bajo ningún caso es que de pronto un país decida saltarse las normas, como es el caso de Italia. Si no estuviesen en la UE no pasa nada, pero siendo miembro de la UE, la irresponsabilidad de un país afecta económicamente al resto de países que sí hacen sus deberes.

Los países de la UE deben seguir un conjunto de reglas fiscales detalladas en el llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento, reglas pensadas para obligar a los miembros a mantener finanzas públicas sanas y coordinar sus políticas de gasto.

– Una de las reglas es que ningún país debe tener un déficit superior al 3% del PIB o deuda superior al 60% de la producción, y los gobiernos deben establecer metas anuales para mostrar que están avanzando en la dirección correcta.

– Si un país incumple las reglas de déficit, se le podría abrir el procedimiento de déficit excesivo, un proceso en el que el país debe reducir su déficit en un plazo establecido o arriesgarse a sanciones de hasta el 0,2% de la producción.

Esto nos lleva a uno de los grandes problemas que presenta este proyecto europeo, que la UE carece de poder coercitivo, así de sencillo.

La fecha clave será el 21 de noviembre cuando la Comisión comenzará con el proceso sancionador que podría entrar en vigor el 22 de enero. Posteriormente, el país transalpino dispondrá de unos meses para rectificar o bien seguir adelante y enfrentarse a una multa de entre el 0,2 y el 0,5% de su PIB (también Bruselas detendría el reparto de fondos europeos). Para comenzar este procedimiento sancionador, la Comisión deberá realizar un nuevo informe sobre la evolución de la deuda italiana y enviar una recomendación al Consejo Europeo pidiendo que abra dicho procedimiento. El Consejo podrá volver a pedir cambios presupuestarios a Italia, dándole un plazo de entre 3-6 meses para cumplir. Finalmente el Consejo decidirá si aplicar sanciones a Italia.