Según la encuesta de presupuestos familiares elaborada por el INE, el gasto medio por hogar en educación ascendió en 2015 a 380 euros, un 37% más que hace una década. En total, 7.000 millones de euros para el conjunto de la economía, algo menos del 0,7% del PIB. Para muchos, se trata de una cifra escandalosa y excesiva: idealmente, las familias no deberían hacer frente a ningún tipo de desembolso para costear la formación de sus vástagos. Pero eso es prácticamente lo que ya sucede en la actualidad: en España, el gasto total —público y privado— en educación asciende a casi 55.000 millones de euros anuales y, de ellos, 42.500 millones (el 78%) son controlados por el Estado a través del presupuesto. A su vez, de esos 42.500 millones, 5.500 se destinan a financiar la enseñanza concertada y los otros 37.000 van a parar a los centros públicos.

En otras palabras, dos tercios de todo el gasto educativo se concentran en la burocracia estatal; un 10% es reservado por el Estado para sufragar los centros concertados; y el resto se canaliza por las familias a la enseñanza privada no concertada y a todos los demás gastos complementarios no cubiertos por el Estado (libros de texto, uniformes, etc.). Es decir, mientras cada familia destina directamente de media 380 euros en la enseñanza de sus hijos, el Estado gasta a su nombre una media de 2.300 euros por hogar.

En este sentido, si algo debería resultarnos escandaloso no es cuánto gastan las familias, sino lo mucho que gastan los políticos por ellas: tres veces más en materia educativa. Tal desproporción solo significa que el Estado posee mucha más influencia que los padres —en calidad de tutores— a la hora de orientar formativamente a las generaciones venideras. Acaso se diga que semejante situación resulta lógica en tanto permite que los hijos de la mayoría de familias españolas puedan disfrutar de una educación de calidad: sin gasto público, suele alegarse, muchos de ellos quedarían excluidos del sistema. Pero eso no es así: el gasto público en ésta, y en todas las restantes rúbricas presupuestarias, se nutre de los impuestos que soportan los ciudadanos. Si éstos abonaran muchos menos impuestos, podrían hacer frente por sí solos a tales gastos que hoy maneja caprichosa y arbitrariamente el Estado.

De hecho, aun cuando sí fuera cierto que el Estado deba redistribuir la renta para que la inmensa mayoría de españoles puedan costear la enseñanza de sus hijos, no tendría por qué ser el sector público quien determinara cómo y en qué deben gastarse esos 42.500 millones de euros que a día de hoy dedican a educación el conjunto de las administraciones públicas. Una alternativa que otorgaría mucha mayor autonomía a las familias a la hora de determinar la instrucción de su prole sería que, por un lado, se liberalizara totalmente el sector de la enseñanza (menos regulaciones del Estado acerca de qué y cómo se enseña) y que, por otro, el Estado distribuyera en forma de ‘cheques escolares’ esos 42.500 millones de euros de presupuesto: serían en tal caso los padres quienes decidirían a qué colegios llevar a sus hijos usando el cheque como medio de pago.

En realidad, sin embargo, el mejor cheque escolar que se les puede entregar a los españoles es una enérgica rebaja de impuestos que les habilite a determinar qué tipo de servicios sociales desean recibir. Debemos transitar desde la imposición política de la educación y del resto de áreas monopolizadas por el mal llamado Estado de Bienestar a la soberanía ciudadana sobre todas ellas.

¿Adiós a la dualidad?

El Tribunal de Justicia Europeo dictaminó esta pasada semana que la indemnización de los contratos indefinidos y de los contratos temporales debe ser la misma en España. El fallo abre la puerta, en consecuencia, al contrato único que venía defendiendo Ciudadanos. Y, ciertamente, la divergencia de indemnizaciones por despido que imponía la ley resultaba enormemente distorsionadora del mercado: generaba (y sigue generando) una muy rígida dualidad que ni siquiera los tibios cambios introducidos por la reforma laboral del PP lograron reducir. Por tanto, el fallo podría contribuir a mejorar la regulación de nuestro mercado de trabajo. Sin embargo, debemos estar vigilantes dado que también podría empeorarla: si la indemnización de ambas figuras contractuales se iguala por arriba, entonces el resultado será un encarecimiento general del despido, lo que supondría un innecesario y dañino freno a la contratación. España debería avanzar, más bien, a una liberalización plena de las modalidades contractuales, permitiendo que sean trabajadores y empresarios quienes pacten en cada caso su propia indemnización.

Manirrotos presupuestos de Ahora Madrid

Ahora Madrid continuó en 2015 y durante parte de 2016 con la rápida reducción de la deuda del Ayuntamiento que ya se inició bajo el gobierno de Ana Botella. Sin embargo, sus propios dirigentes ya anunciaron su intención de abandonar cualquier política de austeridad en la segunda mitad de 2016 y, sobre todo, a partir de 2017. Justamente por ello, el Ministerio de Hacienda manifestó este pasado viernes que los presupuestos presentados por Ahora Madrid para 2017 no pueden ser autorizados por la administración central, dado que incumplen la regla de gasto y ello atentaría contra la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Pese a ello, desde la concejalía de Hacienda del consistorio madrileño siguen empeñados en saltarse la regla de gasto, rebelándose así contra las directrices del Ministerio. Poco a poco, pues, los dirigentes de Podemos y de Izquierda Unida van quitándose la piel de cordero que se colocaron antes de las elecciones del 20-D para aparentar moderación y sensatez económica.

Más descentralización fiscal

Según un reciente estudio de la Universidad de Vigo, España es uno de los países europeos con mayor descentralización fiscal, por encima de Alemania, Austria, Bélgica o Italia y sólo por debajo de Canadá, Suiza, EEUU o Suecia. Para muchos, este dato ilustrará que resulta del todo innecesario seguir descentralizando la tributación española, pero tal conclusión sería un error. Primero, porque los países con mayor descentralización son, como observamos, los más prósperos del mundo. Segundo porque España sigue siendo un país donde los gastos están más descentralizados que los ingresos, y resulta imprescindible avanzar hacia la corresponsabilidad entre ingresos y gastos dentro de nuestras administraciones. Y tercero, porque gran parte de la descentralización fiscal de España es ficticia: aunque las comunidades poseen la titularidad sobre ciertos tributos, buena parte de su recaudación es posteriormente redistribuida entre las restantes autonomías, todo lo cual diluye el grado de descentralización tributaria efectiva. A mayor competencia fiscal interior, menores impuestos para los contribuyentes y mayor transparencia entre las administraciones.