La deuda pública española superó a mediados de año la cifra de 1,1 billones de euros: el equivalente al 100,5% del PIB español. Durante la segunda legislatura de Zapatero, esta cifra se incrementó en 360.000 millones de euros; desde que Rajoy llegó a La Moncloa, lo ha hecho ya en casi 460.000 millones (de todos ellos, por cierto, solo 51.500 millones serían imputables al canallesco rescate de las cajas). El presidente de la ‘austeridad’ y de los ‘recortes’ bate, pues, en 100.000 millones de euros el endeudamiento del manirroto Zapatero. De hecho, Rajoy ha emitido una media de 8.500 millones de euros de deuda al mes: el equivalente a un Plan E (cuyo coste total ascendió a 12.000 millones de euros) cada 45 días.

Algunos economistas consideran que no hay motivo de preocupación por este estallido de los pasivos estatales: la deuda pública, dicen, jamás se paga, solo se refinancia. Y es verdad que los estados desarrollados no suelen destinar porción alguna de sus ingresos no financieros a amortizar su deuda pública (el único presidente que lo ha hecho en democracia, por cierto, fue Zapatero): cuando algunos títulos de deuda vencen, se limitan a emitir otros títulos nuevos para pagar los anteriores. Desde esta perspectiva, pues, lo mismo daría una deuda pública del 100% del PIB que una del 20% o del 250%.

Pero no: aunque es verdad que el principal de la deuda pública no suele pagarse sino solo refinanciarse, los estados sí han de pagar (y demostrar que van a seguir siendo capaces de pagar) los intereses de esa deuda pública, para que los inversores estén dispuestos a refinanciarlos. Un Estado sin posibilidad de hacer frente persistentemente al abono de los intereses de sus pasivos se enfrentaría a un cierre de los mercados financieros: esto es, no tendría margen para refinanciar los vencimientos de su deuda (de modo que debería comenzar a ajustar estrictamente su nivel de gastos a su nivel de recaudación del año en curso). Algunos economistas creen ingenuamente que el Estado tampoco necesita pagar los intereses de su deuda dado que puede financiarse a través de su banco central: pero un banco central que monetice deuda sin demanda en los mercados pronto se encontrará con que su propia moneda también empieza a ser rechazada por los inversores, desatándose en tal caso una ola inflacionaria que limitaría igualmente la capacidad real (que no nominal) de gasto del Estado.

Pues bien, si los estados han de ser capaces de pagar a largo plazo los intereses de su deuda sin incurrir en dinámicas financieras explosivas (emitir más deuda para pagar los intereses: la estrategia que el economista poskeynesiano Hyman Minsky denominó “esquema de financiación Ponzi”), sí es altamente pertinente que nos planteemos cuánto nos está costando ya, en términos de intereses, la deuda pública emitida durante la crisis. Para ello, vamos a expresar el volumen de deuda pública y de sus intereses en términos per cápita: esto es, en términos del español promedio.

Así las cosas, la deuda pública por español se ha incrementado desde 8.570 euros en el año 2007 a 23.900 euros a mediados de 2016, es decir, se ha multiplicado prácticamente por tres. A su vez, los intereses han pasado de 377 euros por ciudadano a 717, esto es, casi se han duplicado.

La razón de que la partida de intereses no se haya disparado tanto como la de la deuda pública es, evidentemente, que los tipos de interés se han desplomado durante la crisis desde una tasa media del 4,5% en 2007 a una del 3% en la actualidad. Sin embargo, nótese que el hundimiento del coste de financiación del Estado no ha evitado que la factura financiera de cada español haya aumentado de manera muy sustancial: en 340 euros por español y año (más de 1.000 euros como media en familias con dos adultos y un menor). Por ponerlo en perspectiva, la recaudación por IVA en 2015 ascendió a unos 1.400 euros por español: es decir, actualmente más de la mitad de lo que año tras año estamos pagando por IVA se volatiliza en atender los intereses de la deuda.

Pero el problema, claro está, no reside solo en lo que pagamos hoy, sino en lo que podemos llegar a pagar mañana. Rajoy nos ha legado —hasta el momento— una hipoteca en forma de deuda pública de casi 24.000 euros por español. Si los intereses medios de la deuda repuntaran a lo largo de los próximos años desde el 3% actual al 4,5% del año 2007, entonces el coste financiero anual que debería soportar anualmente cada español rozaría los 1.100 euros. Es verdad que, llegado ese caso, es probable que la inflación también repuntase y eso constituiría un alivio sobre el bolsillo de los contribuyentes (a costa de imponerles una quita encubierta a los tenedores de deuda pública), pero en cualquier caso el riesgo de un potencial encarecimiento real de los pasivos estatales está ahí como consecuencia de la obra y desgracia de gobernantes como Zapatero y Rajoy.

Necesitamos, pues, estabilizar de una vez el nivel de nuestra deuda pública para que ni las generaciones presentes ni las futuras deban cargar con la irresponsable y manirrota gestión de nuestros políticos. En caso contrario, acaso nos ahorremos algunos recortes del gasto público durante varios ejercicios, pero ello solo será a costa de una carga financiera mucho más cuantiosa en el futuro. Acabemos ya con un agujero presupuestario que solo está desangrando a los españoles para que nuestros políticos puedan continuar gastando a manos llenas.