Una de las mentiras más extendidas a lo largo de la presente crisis económica es que el origen de la burbuja financiera que nos terminó devorando cabe hallarlo en la autorregulación bancaria. Es justamente esa mentira la que ha sumergido a las economías occidentales en un permanente proceso de rearme regulatorio del sector financiero dirigido a incrementar sus requisitos de solvencia y de liquidez.

Ayer, el consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, alzó la voz contra esa vorágine re-regulatoria. Según este directivo, los continuos cambios normativos que se siguen introduciendo en EEUU y en Europa impiden conformar un marco estable y previsible dentro del que las entidades financieras puedan tomar sus decisiones económicas de largo plazo: por ello, ha reclamado suspender la aprobación de nuevas normas para así acabar con la incertidumbre regulatoria.

Y, ciertamente, Gortázar tiene razón al denunciar que la lentitud de nuestros políticos en diseñar una nueva estructura legal para las entidades financieras está lastrando el desarrollo empresarial del sector, perjudicando a su vez a toda la restante economía necesitada de unos intermediarios crediticios que funcionen correctamente. Ahora bien, el problema de fondo es otro: el fiasco de la burbuja financiera no fue el resultado de la desregulación bancaria sin más, sino de la combinación de una menor regulación bancaria con los mismos perversos privilegios estatales de siempre.

A la postre, para que la autorregulación de cualquier sector tenga visos de ser eficaz, resulta imprescindible que los agentes internalicen todos los costes de sus decisiones: que sean libres de actuar pero también responsables de las consecuencias de su actuación. La banca, por el contrario, lleva décadas enchufada al grifo de los rescates estatales: a los manguerazos de liquidez de la banca central y a las inyecciones de capital de los Estados. Son esos privilegios los que distorsionaron toda autorregulación. No necesitamos más regulación con idénticos privilegios, sino menos privilegios y más autorregulación financiera no falseada por prebendas políticas.