En los últimos días, y después de las medidas que ha tomado Syriza en Grecia, se ha vuelto a poner en candelero el tan manido tema de cómo puede un país dejar de pagar su deuda pública en aras de fomentar el crecimiento económico. En este tema, como en tantos otros, hay mucho populismo arborícola y muy poca visión del bosque en su conjunto.

Si Grecia tiene que pedir dinero a la Troika este mes de febrero para poder pagar las nóminas de sus funcionarios, es de estúpidos decir que no reconoce a la Troika como interlocutor, y que lo que hay que hacer es negociar. Eso sí, después de haber tomado el primer día de Gobierno un paquete de medidas que incrementan el gasto público, sin encomendarse a nadie, ni negociar nada. No es de extrañar que Angela Merkel no haya querido siquiera recibir a Tsipras, habida cuenta de su especial forma de entender la negociación.

Vamos a suponer por un momento que una coalición de izquierdas llegase al poder en España a finales de este año. Para entonces ya sabrá lo que le ha pasado a Grecia, y todo parece apuntar a que no va a ser precisamente bueno. Angela Merkel tiene que amedrentar a este socio europeo díscolo, para que los demás no se envalentonen. Y precisamente, España es el punto de referencia, donde el populismo barato bolivariano parece que va a conseguir un trozo significativo de la tarta electoral. Por eso, los griegos no van a recibir ni agua, salvo que cambien su postura, en cuyo caso, el populismo será flor de un día, y los griegos se darán cuenta de quién manda en Grecia, que no es otra que Frau Merkel.

Si una coalición de izquierdas llega al Gobierno, se encontrará con un déficit público significativo (en torno al 5%), con una deuda pública que no se puede pagar (superior al 100% del PIB), con unas Administraciones Públicas excesivas para el nivel económico de nuestro país, con un paro superior a los cinco millones de personas, con un paro juvenil de en torno al 50%, y con 50.000 jóvenes formados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (probablemente los mejor dotados intelectualmente) que cada año emigran al extranjero para no tener que trabajar en condiciones “vietnamitas” como les ocurriría si se quedasen en España.    

De entre todos los problemas el de más difícil solución es el de la deuda pública, que se alimenta a sí misma y que no para de crecer, hasta llegar a un punto de no retorno. Este problema está ligado con el déficit público, el cual hay que eliminar equilibrando las cuentas. Y este último problema está ligado a su vez con el tamaño de las Administraciones Públicas que tienen que ser reducidas de forma drástica. Por tanto, un nuevo Gobierno de izquierdas tendría que ir en contra de sus principios (bueno, ya lo ha hecho el Partido Popular, así que los españoles ya estamos acostumbrados), y tendría que eliminar empleo público y vender o cerrar una buena parte de las cinco mil empresas públicas estatales, autonómicas y locales en las que está colocada mucha gente relacionada con los dos grandes partidos políticos (150.000 personas).

Si consiguen equilibrar el presupuesto, ya no habrá más déficit, y por tanto, no habrá que apelar a los mercados para poder pagar las nóminas de los funcionarios y el subsidio del paro. Pero seguiría habiendo el problema de la amortización periódica de la deuda pública emitida. Si entonces quieren hacer una política social y fomentar el crecimiento, en suma, ser soberanos económicamente (lo cual no hemos sido desde mayo de 2010), lo que habría que hacer es decretar una suspensión de pagos del principal de la deuda, es decir, que cuando venza un bono, se paguen los intereses, pero en vez de efectivo, se le entregue a su tenedor un nuevo bono con el mismo plazo de vencimiento y a tipos de interés de mercado. De esta manera, España no tendría que acudir a los mercados durante el tiempo que fuera necesario para poner en práctica una nueva política económica.

Una vez hecho lo anterior, habría que cambiar el modelo hacendístico (a lo mejor conseguimos que los grandes rentistas y propietarios de SICAVs paguen al menos como los que tributamos por rentas del trabajo), bloquear la salida de capitales al exterior, incrementar la persecución del fraude fiscal, agilizar los trámites judiciales para meter en la cárcel a los corruptos (que al final se van a morir de viejos antes de que se celebre el juicio), destinar todo el dinero que se pueda a inversión pública, incluyendo la transformación del ICO en un banco público cuya única actividad sea el otorgar préstamos con criterios de mercado a familias y pymes, a fin de desmontar el manido mensaje del cartel bancario, de que “no hay demanda solvente” en España.

Está claro que la Troika no aprobaría parte de esas medidas y que la prima de riesgo se dispararía, pero si no tenemos que acudir a los mercados para emitir más deuda, es posible que en una legislatura se le pueda dar la vuelta a la situación actual, y a lo mejor hasta los “nimileuristas” pueden llegar a ser “mileuristas”, lo cual en la situación actual sería un auténtico logro.