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Bruselas, el caramelo del lobby financiero

por Laissez Faire Hace 7 años
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Hace unas semanas, el Corporate European Observatory, un grupo de estudios dedicado a analizar la influencia de los lobbies en la eurocracia bruselense, publicaba un informe donde se sostenía que el sector financiero destina anualmente más de 120 millones de euros anuales a cabildear en las instituciones europeas, especialmente a la Comisión, el Parlamento y las diversas agencias reguladoras (como el Banco Central Europeo, la Autoridad Bancaria Europea o el Mecanismo Europeo de Estabilidad).

Más allá de la exactitud de las cifras, es evidente que el sector financiero constituye un poderoso grupo de presión que extiende sus tentáculos a todos los niveles de la administración estatal. No podía ser de otro modo: la industria financiera es probablemente el sector económico más privilegiado y, simultáneamente, más regulado de cuantos existen.

Por un lado, el Estado protege y ampara la iliquidez y la insolvencia de la banca: el banco central y los rescates financieros son herramientas para que los banqueros puedan intentar maximizar sus beneficios a costa de maximizar su arriesgada gestión. Por otro, los Estados intentan acotar mediante numerosas regulaciones las consecuencias más perversas que podrían conllevar tales privilegios si se dejara que las entidades financieras disfrutaran impunemente de los mismos: en especial, los Estados aprueban normativas que imponen requisitos de liquidez y de solvencia con tal de contrarrestar sus imprudentes prácticas.

Aunque suele pensarse que las entidades financieras aspiran a que el Estado se aleje completamente de sus asuntos, lo cierto es que muy pocos bancos —por no decir ninguno—desean realmente que el Estado deje de regularlos si ello implica, a su vez, que deje de privilegiarlos. La mayoría de banqueros desearía disfrutar de una absoluta independencia regulatoria del poder político al tiempo que ve sus privilegios garantizados merced al intervencionismo estatal. Es decir, lejos de reivindicar una completa separación entre el Estado y la banca, su objetivo es más bien conservar las mieles ahorrándose las hieles.

Mas, evidentemente, todavía no hemos llegado al descarado extremo de que el Estado le otorgue a la industria financiera prebendas absolutas sin contrapartidas, por lo que sus esfuerzos lobistas se concentran en influir y reconfigurar a su gusto las ingentes regulaciones excretadas por la burocracia bruselense. A tal fin, pues, destinan cada año decenas de millones de euros y casi dos millares de profesionales cabilderos.

Muchos colocarán el grito en el cielo y pedirán la prohibición de cualquier contacto formal con representantes de la industria financiera. El propio Corporate European Observatory reclama una importante reducción de los encuentros entre burócratas y lobistas a la hora de diseñar las normativas por las que se regulará el sector. Existen, sin embargo, dos problemas básicos para que semejante objetivo (aparentemente benevolente) pueda llegar a materializarse.

El primero es que los burócratas son incapaces de confeccionar normas que afecten a la industria financiera sin contar con asesoría directa de esa industria financiera: necesitan de información interna del sector para conocer cuáles son los efectos previsibles de sus regulaciones y, al proporcionarles esa información interna, el propio sector arrima interesadamente el ascua a su sardina. El segundo problema, mucho más serio que el anterior, es que, aun cuando se redujeran los contactos oficiales entre los lobistas y los burócratas, los contactos informales, las presiones indirectas y el tráfico de influencias subsistirían, lo que terminaría orientado parcialmente la acción política hacia los intereses del sector.

Al final, resulta inevitable que si el Estado opta por regular y controlar la actividad de las entidades financieras, éstas canalicen recursos a tratar de influir en la redacción definitiva de las normativas que las atañen. Ante ello, podemos adoptar dos estrategias: o cerrar los ojos ante la realidad y pretender que, cediéndole todavía más poder al Estado, éste logrará ser independiente de los grupos de presión (cuando, en realidad, sólo será un objeto de deseo aún más tentador para los lobistas); o abrir los ojos ante la realidad y reconocer el verdadero origen de ese problema: son los privilegios que el Estado otorga a la banca los que vuelven indispensable una hiperregulación correlativa del negocio que se convierte en el caldo de cultivo ideal para el cabildeo.

La solución: acabar con los privilegios de la banca y obligarla a competir en el mercado responsabilizándola de sus decisiones. Separemos completamente Estado y banca, de modo que los burócratas pierdan su poder sobre los banqueros y, a su vez, los banqueros pierdan su poder sobre los burócratas. La actividad lobista no se exacerba porque los Estados sean demasiado débiles, sino porque son demasiado fuertes e intervencionistas. La forma de contrarrestar la enorme influencia de los lobbies sobre los Estados no es volver a los Estados más fuertes e intervencionistas, sino privarles del poder que detentan para pastorear la economía… en favor de los lobbies.


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