A lo largo del crítico año 2012, el Estado inyectó 22.424 millones de euros en Bankia. A cambio, el FROB recibió el 68,3% del capital social del banco (el restante 31,7% fue a parar a los tenedores de participaciones preferentes y de deuda subordinada, a los cuales se les trocaron sus créditos incobrables por acciones). Tras los diversos contrasplits experimentados por las acciones de la entidad, podemos afirmar que el Estado se quedó hace un lustro con el equivalente a 1.969,17 millones de acciones de las 2.879 millones que componen actualmente su capital social. En consecuencia, ya por aquel entonces sólo era posible que el contribuyente recuperara todo el capital que forzosamente se le obligó a invertir en Bankia si el precio de la acción aumentaba hasta los 11,4 euros.

A comienzos de 2014, y tras un notable rally alcista en bolsa, el Estado vendió el equivalente a 216 millones de acciones por 6,04 euros la acción (esto es, obtuvo 1.304 millones de euros por la operación). En consecuencia, para recuperar el 100% del dinero del contribuyente a partir de los restantes títulos en su haber (1.753,17 millones de acciones), no le quedaba otro remedio que venderlos a 12 euros por acción. Pero, desde 2014, han sucedido dos acontecimientos que han alejado enormemente la cotización de esa tan necesaria marca de los 12 euros.

Por un lado, la justicia española ha obligado a Bankia a indemnizar a los preferentistas y acreedores subordinados recomprándoles sus acciones a precios inflados: y si bien ello ha elevado los títulos en manos del FROB (hasta los 1.934 millones de unidades), el valor de cada acción se ha diluido. Por otro, la absorción del descapitalizado Banco Mare Nostrum por parte de Bankia a través de la emisión de 205,6 millones de nuevas acciones sólo ha contribuido a diluir todavía más el valor de cada acción. El resultado es que, a día de hoy, el precio de mercado de la acción de Bankia se ubica en torno a los 4,2 euros: alrededor de un tercio de la cifra necesaria para recuperar las sumas inyectadas por el Estado.

En este contexto, el FROB anunció ayer que vendería otro paquete de 201,5 millones de acciones a cambio de unos 840 millones de euros (a unos 4,2 euros por acción). Es decir, tras esta nueva enajenación, el Estado retendrá la propiedad de 1.728,4 millones de acciones y todavía le restará por recuperar 20.280 millones de euros: por tanto, necesitará que las acciones de Bankia remonten desde los 4,2 euros actuales hasta 11,7 euros. Si tenemos en cuenta los dividendos cobrados hasta el momento (534 millones hasta el momento), el precio por acción necesario para reintegrar todo el capital desembolsando seguiría ubicándose en los 11,4 euros.

Parece obvio que tales cantidades resultan a día de hoy inalcanzables: Bankia simplemente no lo vale y los inversores no nos regalarán su capital. Así las cosas, si las acciones se quedan estancados en la franja entre los 4 y 5 euros, las pérdidas para el contribuyente totalizarán entre 11.100-12.850 millones de euros. Si le añadimos las pérdidas vinculadas al saneamiento de Banco Mare Nostrum, nos iríamos a una horquilla entre 11.700 y 13.700 millones de euros: a saber, entre 650 y 750 euros por familia española. ¿Es esta una estimación personal especialmente catastrofista? No, se trata de una estimación muy similar a la que desde hace meses viene haciendo el Banco de España: según el organismo regulador, de los 24.069 millones de euros inyectados por el Estado en Bankia-BMN, sólo recuperamos 9.800 millones, esto es, perderemos cerca de 14.300 (el Banco de España excluye de sus cálculos los casi 600 de dividendos percibidos por el FROB a cuenta de Bankia).

Pese a lo voluminoso (y escandaloso) del agujero de Bankia, no pensemos que terminará siendo el más horripilante de todos los sufridos por las cajas españolas. Si finalmente las pérdidas netas de rescatar a Bankia-BMN ascienden a 14.000 millones de euros, el Estado —los contribuyentes— habrá cubierto un boquete equivalente al 6,15% de todos los activos de la entidad: en cambio, a la CAM hubo que sanearla por un importe equivalente al 15,6% de todos sus activos; a Novacaixagalicia, por uno del 16,4%; a Catalunya Banc, por uno del 22,5%; y al Banco de Valencia, por uno del 28,6%. El agujero de Bankia-BMN será el mayor de todos en términos absolutos, pero ni de lejos el mayor en relación con los activos gestionados.

En definitiva, el gobierno mintió con absoluto descaro a los contribuyentes cuando les prometió que el rescate de las cajas no les supondría ningún coste. En conjunto, el reflotamiento de las cajas patrias supondrá una sustracción de 40.000 millones de euros del bolsillo de los españoles: una tercera parte de los cuales habrán ido a parar a Bankia. Jamás debimos rescatar a las cajas costa del contribuyente; mucho menos otorgando una injustificable impunidad a todos los que orquestaron este hediondo —y posiblemente corrupto— proceso. Quienes, en cambio, sí debieron pagar el milmillonario agujero generado por la pésima administración financiera de las cajas son sus acreedores (y, evidentemente, sus directivos siempre que se incurriera en una quiebra culpable). Si arriesgas y aciertas, ganas; si inviertes y fallas, pierdes. Pero no: al final, el Estado nos ha obligado a todos a convertirnos en bankeros para que quienes sí decidieron apostar por Bankia no pierdan todo lo que deberían haber perdido. Corporativismo de amiguetes en estado puro.