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La descontrolada sed controladora de Hacienda

por Laissez Faire Hace 5 años
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El espionaje gubernamental contra ciudadanos pacíficos e inocentes es una actividad que genera un fuerte rechazo social y, sin embargo, a día de hoy nos plegamos mansamente ante las exigencias del Estado de que le informemos sobre todas nuestras propiedades en cualquier lugar del mundo. No otra cosa es el modelo 720 de la Agencia Tributaria: una (forzosa) declaración informativa del contribuyente sobre sus bienes y derechos situados en el extranjero. Esta nueva obligación ciudadana entró en vigor en el año 2013 y desde entonces ha logrado registrar la existencia allende nuestras fronteras de casi 141.000 millones de euros en forma de inmuebles, cuentas corrientes u otros títulos financieros.

No se trata necesariamente de activos que antes se ocultaran a Hacienda (pues el contribuyente podía estar tributando ya sobre ellos), pero sí son activos que antes de 2013 no estaban sometidos a un catalogado control por parte del Estado. La voracidad del sector público por fiscalizar —espiar— todo ámbito de nuestras vidas del que crea que puede extraer recursos no conoce límites. Tanto es así que incluso la Comisión Europea se está planteando sancionar a España —tenemos abierto un procedimiento de infracción— por la desprotección jurídica que padece el contribuyente debido a esta norma. Al cabo, Hacienda sanciona con 5.000 euros la omisión —u olvido inocente— de cada dato sobre bienes extranjeros; a su vez, reputa todo activo extranjero no declarado como una ganancia patrimonial injustificada, por lo que su propietario deberá tributar por ellos y pagar el 150% de la cuota que debería haber abonado en circunstancias normales.

Y, por si semejante desproporción sancionadora fuera pecata minuta, la norma se declara imprescriptible, colocándola a la altura de delitos como el genocidio o el terrorismo yihadista: es decir, las repercusiones por cualquier omisión informativa cometida a partir de 2013 nos perseguirán durante el resto de nuestra vida. Ni privacidad, ni seguridad jurídica. Todo vale para seguir cebando recaudatoriamente a la insaciable bestia estatal.


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