"Los que hemos cumplido ya varios lustros sabemos que las Deudas Soberanas nunca se pagan. Tampoco los déficits están para cambiar de acera y convertirse en superávits. Todo en su justa medida. Lo peor es el desbarajuste general, el desmadre. Que unos y otros se suelten la melena (o la coleta) y hagan de las Arcas Públicas un sayo. Que se pongan el populismo por montera y que nos lleven al paredón de las Finanzas del Mundo Global. Una Deuda Soberana descontrolada acarrea una fuerte subida de la prima de riesgo y el cierre de los grifos de financiación internacional. Que se lo pregunten a los griegos. A su vez, un déficits público creciente nos lleva a la senda anterior, como pescadilla que se muerde la cola. Déficits públicos más o menos comprensibles siempre se pueden negociar con las Autoridades Globales. Déficits desbocados nos llevan a la ruina. Por eso, hay que tener cuidado con los excesos en años electorales y, lo que es peor, en años con grandes incertidumbres políticas", me dice el CEO de una importante gestora de fondos, que me envía algunos ejemplos:

Las comunidades autónomas licitaron obras por un importe total de 1.324,4 millones de euros en los cuatro primeros meses del año, importe que casi duplica (+95%) al del mismo periodo de 2014, según datos de la patronal de grandes constructoras Seopan.

Las obras promovidas en los cuatro meses previos a las elecciones celebradas el domingo 24 de mayo para elegir a los gobiernos de la mayor parte de las regiones superan en casi 650 millones de euros a las promovidas un año antes.

Asimismo, los proyectos de obras públicas licitados por las administraciones autonómicas en este periodo coparon una tercera parte (el 33,8%) del total puestos en marcha a escala estatal, tasa que duplica a la del 15% que representaron un año antes.

La agencia de calificación Fitch Ratings advierte de que el resultado de las elecciones autonómicas y locales celebradas el pasado 24 de mayo incrementa los riesgos en los procesos de consolidación fiscal de las comunidades autónomas.

"La mayor incertidumbre política podría hacer aún más complicado cumplir los objetivos de déficit, que ya parecen difíciles de alcanzar después de otro año de débil comportamiento presupuestario en 2014", destaca la agencia en un comunicado.

Fitch remarca que los comicios han creado un escenario político más fragmentado y hacen más probables gobiernos en coalición o de varios partidos. "Esto llevará tiempo y el desenlace final no está claro, lo que incrementa la incertidumbre política", añade.

En su opinión, las negociaciones de coaliciones podrían llevar a una modificación de los actuales planes de consolidación en un momento en el que compromiso político para limitar el gasto en las autonomías parece estar disminuyendo.

En esta línea, cree que será más difícil para un gobierno en coalición diseñar políticas fiscales e implementarlas. Fitch pone de ejemplo el caso de Navarra, en la que tras las elecciones de 2011 ninguno partido logró mayoría parlamentaria y ha sufrido para aprobar los presupuestos regionales. Sin embargo, añade que esto no ha evitado que la región lograra un buen historial de cumplimiento del déficit.

Asimismo, recuerda que las comunidades cerraron 2014 con un déficit del 1,66%, superior al objetivo del 1% y del 1,54% de 2013, con lo que acumulan ocho años consecutivos de incumplimientos. Aunque reconoce que el comportamiento es diferente según la autonomía, la debilidad recurrente muestra su incapacidad general para generar ahorros estructurales que permitan el pago de la deuda.

Por otra parte, Fitch cree que, a pesar de este débil rendimiento, los esfuerzos de las comunidades en materia de consolidación fiscal han cumplido en general las expectativas del Gobierno central, que sigue dispuesto a prestarles ayuda financiera.

A este respecto, agrega que es probable que las conversaciones sobre el nuevo sistema de financiación se produzcan tras las elecciones generales de finales de año y destaca su lentitud estos meses a pesar de la fuerte representación del PP en los gobiernos regionales.

La agencia incide en que estas conversaciones podrían complicarse por la fragmentación política y recuerda que la voluntad y la capacidad del Gobierno central de prestar ayuda a las comunidades autónomas sigue siendo un elemento importante en sus análisis de los ratings de las regiones.