La realidad es cruel, pero conviene advertirlo y que todo el mundo sea plenamente consciente de ello. Si no se procede a una reforma seria y en profundidad, estamos abocados a sufrir una cuantiosa pérdida de poder adquisitivo el día de mañana, y no hablo sólo de aquí a 30 años, que es el peor escenario, sino desde dentro pocos años.

El otro día un compañero me mandó un artículo que se publicó en un periódico (por desgracia no recuerdo ahora mismo qué periódico era). Les resumo algunas cuestiones interesantes.

Se estima que en el año 2050, tanto la pensión máxima como la mínima perderán alrededor de un 30% de su valor actual. Esto significa que la máxima actual de 2.561 euros brutos (14 pagas) bajaría a 1.797 euros mensuales y la mínima actual de 634 euros (14 pagas) se quedaría en 445 euros mensuales.

Estos cálculos fueron realizados teniendo en cuenta una serie de factores y variables, tales como la legislación actual, el factor de sostenibilidad que entrará en vigor en el 2019, una inflación del 2% de media anual, un crecimiento económico medio anual del 2% y la evolución demográfica.

Pero es que no es necesario irse tan lejos, en cinco años las pensiones públicas se estiman que sufrirán una caída del 6-6,3% en todos los tramos y cuantías, pasando a 8,9-9% en el 2025.

Hay un estudio que calcula, por ejemplo, que si una persona está en activo 45 años y desea el día de mañana disponer del 60% de su último sueldo durante 25 años, ha de ahorrar cada mesa el 25% de su renta (bien aportándolo a la pensión pública o a la privada o bien a ambas, el caso es hacerlo). Este estudio no tiene en cuenta la rentabilidad de lo aportado, es decir, se basa en destinar dicho dinero sin obtener ninguna rentabilidad ni intereses.

Pero si le hablamos de que en el supuesto anterior la rentabilidad es del 1%, para obtener el 60% de nuestro último sueldo ya no sería necesario aportar el 25%, sino el 20,9-21%.