La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, investigará los incentivos económicos por denuncia de fraudes laborales que ofrece el Servicio Público de Empleo a las agencias privadas de colocación, ha informado hoy la Asociación Nacional para la Defensa Efectiva del Trabajador (ANDET). Becerril ha admitido a trámite la denuncia que interpuso esta asociación el pasado mes de agosto y ha iniciado las actuaciones oportunas ante el Ministerio de Empleo para recabar información, según el documento que ha hecho llegar a ANDET.

La queja se refiere al incentivo económico por denuncia de fraude laboral contenido en el Acuerdo Marco de colaboración entre el Servicio de Empleo Público Estatal con agencias de colocación de carácter privado.

Este pliego administrativo establece un incentivo de hasta el 15 % del pago por inserción de la persona encomendada “que se hará efectivo aunque no se consiga la inserción, siempre y cuando a consecuencia de la información que la agencia hubiera obtenido y proporcionase a los servicios públicos de empleo se inicie un procedimiento que concluya con la imposición al desempleado de alguna sanción”.

La asociación entiende que este cauce “informal” para iniciar el trámite de denuncia laboral no cumple “las mínimas garantías legales” y vulnera los derechos fundamentales de los trabajadores y desempleados.

Según Antonio Valenciano, presidente de ANDET, dicha cláusula en el pliego administrativo “resulta más cercana a acuerdos en forma de recompensa que no son propios de un estado de Derecho, convirtiendo a las agencias de colocación de carácter privado en caza recompensas al margen del control de la legalidad vigente”.

Además, señalan que el objeto declarado del acuerdo es la inserción de personas desempleadas en el mercado laboral, “no siendo en ningún caso admisible dotar de capacidad sancionadora alguna a las agencias de colocación privadas sobre posibles irregularidades de los desempleados que de buena fe acudan a dichas entidades”.A juicio de ANDET, las agencias de colocación de carácter privado “no resultan competentes para incoar, instruir o resolver los expedientes sancionadores, ni siquiera poner en conocimiento del Servicio Público de Empleo como es el caso, posibles irregularidades por parte de desempleados sin llevar a cabo el trámite establecido por nuestro ordenamiento jurídico”.

Agencia EFE